Se desvanece el sueño del arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, de ver cómo el papa Benedicto XVI pone la primera piedra de su minivaticano madrileño, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de tumbar el proyecto urbanístico de la Ciudad de la Iglesia, por entender que atenta contra el patrimonio histórico de la capital. El tribunal considera que el proyecto pone en riesgo un entorno protegido, que supone levantar un conjunto de edificios sobre 15.000 metros cuadrados de zonas verdes y en una zona que cuenta con dos catalogaciones de Bien de Interés Cultural (BIC).

La idea de Rouco era aprovechar la visita de Benedicto XVI a Madrid con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, en agosto de 2011, para que bendijera la biblioteca conciliar o bien la Casa de la Iglesia, una residencia para seminaristas y otros usos de la diócesis. El plan que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó a la medida de la Iglesia católica incluye además una residencia para sacerdotes ancianos y un aparcamiento con 200 plazas bajo todo el complejo.

Peligra el pacto con la Iglesia

Ni el arzobispado ni la alcaldía han anunciado aún si recurrirán al Tribunal Supremo la decisión del TSJM, que todavía ayer estaba en estudio por sus respectivos servicios jurídicos. De momento, el fallo hace saltar por los aires el convenio firmado entre Gallardón y Rouco para la cesión de terrenos a la Iglesia, ya que la operación de permuta de parcelas para usos públicos depende de la edificación del minivaticano.

Antes de este fallo judicial, Urbanismo estudiaba la propuesta de construcción presentada en febrero por los arquitectos del arzobispado que dirige Rouco. La alcaldía reconoció que sería la Iglesia quien delimitaría las áreas de ejecución del proyecto, por tratarse del «propietario mayoritario».

Aunque en la firma del convenio Gallardón aseguró que más del 50% de los terrenos se destinarían «a equipamientos públicos», lo cierto es que, tras las obras previstas, de los 79.000 metros cuadrados afectados, 56.000 pertenecerían al Arzobispado de Madrid (el 70%). Según reconoce el propio ayuntamiento, no estaba previsto que arrancasen las obras previas a la edificación antes de 2011.

Un pulmón verde

En octubre de 2007, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que le solicitó Gallardón, y que ahora anula el fallo del TSJM. Sólo dos meses después, alcaldía y arzobispado firmaban el convenio de reordenación de la zona. La operación culminó en febrero de 2009, cuando se concedió al arzobispado el permiso para edificar en esos terrenos, un pulmón verde.

Los vecinos del Parque de la Cornisa han sido una parte fundamental de esta batalla judicial, ya que no se resignaron a perder el valor singular del enclave, realizando importantes movilizaciones contra lo que han llegado a denominar como «santo expolio». Además de las protestas, los activistas llevaron el asunto a los tribunales y aún ahora esperan que la Comisión Europea resuelva el expediente abierto por la ausencia del correspondiente informe de impacto ambiental del plan.