Ilegal excluir a los sin papeles de la sanidad

El Consejo de Europa juzga ilegal excluir a los sin papeles de la sanidad

  • La crisis eleva el número de incumplimientos sociales en el continente
  • España figura entre los países que más retroceden en derechos desde 2007

Las turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en derechos sociales que se creían garantizados. El Consejo de Europa ha detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis, particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluye un informe sobre derechos sociales divulgado ayer.

El texto tacha de regresivo el decreto aprobado por el Ejecutivo español en agosto de 2012 que cerraba las puertas de la sanidad a los inmigrantes irregulares a excepción de niños, embarazadas y urgencias. Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene claro que esta evaluación considera la ley española contraria al derecho europeo: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno]”, afirma.

España es uno de los 43 países europeos que han firmado la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que el comité encargado de interpretarlo extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. El Ejecutivo español considera que, al dar acceso a las urgencias, el derecho queda salvaguardado. Pierre Verbeeren, director general de Médicos del Mundo en Bélgica, lo niega. “Las urgencias no bastan para garantizar el derecho porque, además, cada país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia”, argumenta.

Este experto lamenta el retroceso que se ha producido en España, que la sitúa al lado de países como Reino Unido, Alemania o Grecia, también restrictivos con las prestaciones sanitarias a los extranjeros irregulares. Verbeeren niega que estos movimientos obedezcan solo a necesidades económicas porque, además, el coste del tratamiento en urgencias acaba siendo superior al de la atención primaria. “Alemania no está afectada por la crisis y también lo ha hecho. A veces se utiliza la crisis como pretexto”, cierra.

El Consejo de Europa cita a otros países que incumplen la obligación sanitaria en lo que concierne a los extranjeros. Son Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania, Letonia y Macedonia. La larga lista demuestra que los Estados se arriesgan a legislar de modo restrictivo pese a saber que sus decisiones contravienen el acervo europeo. El motivo es que el Comité de Derechos Sociales carece de mecanismos que penalicen estas conductas. La vía para hacer valer estos derechos resulta lenta y laboriosa; suele pasar por presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el brazo judicial de esta institución europea. Así ocurrió con Médicos del Mundo, que ganó al Estado francés un caso de estas características.

Técnicamente, el Consejo de Europa no ha podido tildar de incumplimiento el decreto español porque se adoptó en 2012, fuera del periodo analizado (entre 2008 y 2011). Sin embargo, advierte de que, de persistir la ley, se considerará una violación de los derechos sociales en Europa.

Además de la sanidad a los extranjeros, el organismo con sede en Estrasburgo reprocha a España otras carencias sociales. Entre ellas, la baja cuantía de la renta de inserción que se ofrece a personas sin recursos, que apenas supera los 400 euros al mes. Solo el País Vasco y Navarra cuentan con prestaciones aceptables. Tampoco llega al mínimo la cobertura económica de la baja por enfermedad, considerada “manifiestamente inadecuada”.

Más allá de España, la evaluación general del continente constata un nivel de incumplimientos muy superior al de otros años. “Las cifras han empeorado mucho. Para nosotros, es una fuente de gran preocupación. Los derechos sociales deben protegerse”, subraya Colm O’Cinneide, responsable del informe de 2013.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que, en verdad, el Consejo de Europa “alude más al tiempo que pasa hasta que un extranjero es regularizado”, informa Emilio de Benito. Además, insiste en que “la cobertura que tienen los inmigrantes en España es de las más amplias de Europa, ya que incluye las urgencias, toda la atención a menores, y los cuidados en el embarazo”. Aparte de eso, “se cubren los temas de salud pública [enfermedades contagiosas], como la tuberculosis, y todos tienen garantizados por las comunidades la atención de otros procesos dentro de sus competencias”. Por eso Sanidad, como ha hecho desde que hace más de año y medio se recortara la atención a los extranjeros sin papeles, insiste en que “una cosa es que no tengan tarjeta sanitaria, y otra que no se les esté atendiendo”.

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El triunfo de la Marea Blanca

El triunfo de la Marea Blanca

Huelgas, encierros, decenas de manifestaciones. La lucha del sector sanitario ha tenido su recompensa con la marcha atrás de la Comunidad a su plan privatizador

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El pasado domingo, como todos los terceros domingos de cada mes, una nueva Marea Blanca, la primera de 2014, se echó a la calle.La protesta en defensa de la Sanidad Pública llegaba a su decimoquinta marcha.

Entre paraguas y prendas de abrigo, los asistentes a la manifestación marcaban su paso tras la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que la externalización de los servicios de seis hospitales y 27 centros de salud continuaba suspendido. Lejos de celebrar nada a la espera de una sentencia definitiva, este lunes llegó un verdadero triunfo: la renuncia de la Comunidad de Madrid a su plan privatizador y que deja “sin efectos” el proceso en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo.

La mayoría de las consignas han puesto en su punto de mira al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. El primero no ha tenido más remedio que rectificar tras la presión social y el varapalo judicial; el segundo, que tachó la Marea Blanca de irresponsable, ha dimitido.

“La Sanidad Pública no se vende, se defiende” es uno de los grandes lemas de un movimiento heterogéneo, pacífico y que nació de forma espontánea, como el resto de las mareas. Su repercusión no sólo se ha podido apreciar en la calle. Las protestas contra la privatización sanitaria han estado acompañadas de jornadas de huelga de batas blancas, deencierros en centros hospitalarios, recogidas masivas de firmas y consultas populares e, incluso, dimisiones en masa dedirectores de centros de salud y de jefes de servicio de hospitales.

La Marea Blanca no se hizo mayoritaria hasta 2012, cuando González anunció el Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público con el que defendía su modelo de gestión privada. La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar un total de 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria. Sin embargo, varios expertos han desmontado la teoría sobre el supuesto ahorro de externalizar los servicios sanitarios y han advertido de que el ánimo de lucro está relacionado con una peor calidad de la asistencia al paciente.

Revés tras revés, la Comunidad de Madrid ha visto cómo su plan privatizador se ha ido desmoronando por momentos. Desde el euro por receta, hasta la externalización de hospitales y la privatización de centros salud, pasando por una de las primeras, y más importantes, batallas ganadas por la Marea Blanca: la paralización de la conversión del Hospital de La Princesa en un centro especializado en la atención de personas de la tercera edad.

Los trabajadores de La Princesa fueron los primeros en levantarse contra el plan privatizador y los pioneros en iniciar una oleada de encierros. Lasquetty no aguantó la presión y, tras varios días de negociación, la Comunidad reculó. El hospital seguirá siendo un centro de atención general que añadirá a sus funciones la especialización en mayores de 75 años.

Asimismo, la adjudicación de la gestión de los seis a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo se paralizó gracias a los recursos judiciales interpuestos por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). Su iniciativa fue apoyada por, entre otros, CCOO, CSIT, PSOE y UPyD.

En el otro lado de la balanza, miles de empleados del sector sanitario han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de los recortes en Sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que también contribuyó el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del Instituto de Cardiología o la “externalización” de los servicios de limpieza y lavandería.

Médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, pacientes. Todos ellos son la Marea Blanca. Todos ellos han continuado saliendo a la calle al menos un domingo al mes y llenando hospitales y centros de salud de pancartas. Su indignación saltó de Madrid y ha recorrido toda España.Dijeron basta, se echaron a la calle y ni el frío, ni el calor, ni la lluvia les impidió hacerse fuertes. Con sus protestas, no sólo abrieron los ojos a la ciudadanía de las consecuencias de la privatización, sino que también consiguieron un respaldo que se ha traducido en una gran masa social que les ha acompañado, altibajos incluidos, en las diferentes movilizaciones.

Yo elijo 100% pública

Campaña para luchar contra las derivaciones a la sanidad privada  que el gobierno de la Comunidad de Madrid están imponiendo a los ciudadanos y que contribuye a desmantelar la sanidad pública madrileña.

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http://www.mats-madrid.com/yo-elijo-100-publica/

Pacientes sin recursos se lanzan a la calle

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Un día cualquiera, vas en el metro y te encuentras a un hombre con una bata de preoperatorio, agarrado a un pie de suero y pidiendo dinero a los viajeros para operarse… Este es solo un ejemplo de lo que ha ocurrido en las calles en los últimos días y que puedes ver en este vídeo.

Esta es una acción de recogida de firmas para exigir al Gobierno que retire esta ley injusta que ha dejado a cientos de miles de personas desechadas del sistema de sanidad pública.

#NadieDesechado: vulneraciones del derecho a la salud

Médicos del Mundo denuncia cientos de vulneraciones del derecho a la salud

La ONG, que inicia hoy una campaña contra la reforma sanitaria, ha presentado a la Defensora del Pueblo un informe con casos de afectados

La reforma sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que excluye a los sin papeles de la atención normalizada e incrementa el porcentaje de pago de los ciudadanos por los fármacos, ha cumplido un año. Desde entonces, la ONG Médicos del Mundo ha documentado 1.192 casos de vulneraciones del derecho a la salud. Sobre todo de extranjeros en situación irregular que no logran la atención de urgencias que, por ley, deberían tener; o de ciudadanos a los que se disuade de acudir a un centro sanitario mostrándoles un documento de compromiso de pago. Esta organización, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, alerta de que cada vez son más los colectivos que, por primera vez, llaman a su puerta en busca de ayuda. Como pensionistas asfixiados por el pago de los medicamentos (aunque con un tope mensual que varía en función de su renta, desde septiembre de 2012 se ven obligados a cubrir una parte de los fármacos que antes obtenían gratis), o familias con bajos ingresos o dependientes a su cargo.

“Cada vez son más las personas afectadas por la reforma sanitaria”, asegura Álvaro González, presidente de esta organización que hoy inicia la campaña Nadie desechado, con la que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad. González, que entregó la semana pasada su informe sobre las consecuencias de la reforma sanitaria a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, explica que Médicos del Mundo ha recibido la petición de ayuda de españoles con rentas bajas y jubilados “desesperados” porque con el aumento del copago “no son capaces de hacer frente al precio de los medicamentos que necesitan para su tratamiento”.

Un copago que desde el 1 de octubre se ampliará, además, a varios fármacos que se dispensan en las farmacias hospitalarias. “La reforma sanitaria es injusta, incoherente y peligrosa, además de ineficaz”, ha insistido González en la presentación de la campaña en Madrid. También otras organizaciones han alertado ya no solo de las consecuencias de la exclusión sanitaria de los inmigrantes, sino también de los riesgos del incremento de la participación del ciudadano en el precio de sus medicamentos. La Unión Democrática de Pensionistas sostiene que el 16% de este colectivo tiene problemas graves para completar sus tratamientos por el coste. Una cifra que coincide con la que estima la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública.

Desde que se incrementó el copago farmacéutico (antes los pensionistas no pagaban nada y los activos, que ahora afrontan hasta un 60% en función de su renta cubrían el 40% de los fármacos recetados) las autonomías han ahorrado unos 550 millones de euros, de los que una parte importantísima (384) proceden del pago de los pensionistas, según un estudio que Antares Consulting ha elaborado para el Grupo Cofares en el que analiza los datos del Ministerio de Sanidad. Y es que solo 500.000 de los más de nueve millones de pensionistas que hay en España quedan exentos de esta medida porque cobran pensiones no contributivas. La mayoría debe pagar el 10% de las medicinas con un tope mensual que oscila entre los algo más de 8 euros y los 60.

“Los copagos en fármacos pueden tener unas consecuencias muy negativas para la salud, además”, ha recalcado la investigadora Helena Legido-Quigley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que ha explicado que un estudio en el que ha participado, y que se ha publicado en la revista PLOS Medicine, muestra que por cada dólar de más se deja 1 día de tratamiento. Algo que dificulta el control de las enfermedades.

Legido-Quigley ha apuntado que la reforma sanitaria y los recortes que se están produciendo en España en este campo no están basados en la evidencia, y ha alertado de que España va por el camino de Grecia, donde tras el hachazo a los presupuestos y el cierre de centros se han disparado patologías como la tuberculosis. La investigadora, sin embargo, cree que las Administraciones todavía tienen capacidad de revertir la situación.

Una batalla ganada

Y habrá más. Muchas más. La luz del sol se verá tras la batalla.

Cospedal recula y deroga el cierre de las urgencias nocturnas

El Gobierno de Castilla-La Mancha arremete contra los jueces por obstaculizar “el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva”.

El consejero de Sanidad abre la puerta a una “ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente”.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha no verán cómo las urgencias médicas cierran por la noche. El Gobierno que dirige María Dolores de Cospedal publica hoy una orden que deroga otra anterior por la que se estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región. En el escrito publicado en el Boletín Oficial de la comunidad, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, justifica la decisión en las distintas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.

Echániz usa el diario oficial para arremeter precisamente contra los jueces, a quienes acusa de obstaculizar “el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva”. El Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta que los pronunciamientos que sobre dicha orden se han realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacen “prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma”. Además, fundamenta la derogación de la orden en “la constatación del escaso uso de estos recursos”. Asimismo, plantea que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia provoca la “desamornización” del sistema global de la comunidad autónoma.

Por ello, de acuerdo con “los principios de eficacia y coordinación” en la prestación sanitaria de urgencia, el Gobierno castellanomanchego considera necesario dictar esta nueva orden, que deroga la anterior y que entra en vigor hoy mismo.

Esta decisión se toma “sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud como bien constitucionalmente protegido”.

La Consejería de Sanidad recalca en cualquier caso que la reorganización territorial y funcional del servicio de urgencias se basó en estudios técnicos y agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante la ubicación de unidades de soporte vital con personal sanitario, “respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente”.

La orden que hoy queda derogada entró en vigor el 14 de enero y sólo tres días después el Tribunal Superior de Justicia dictó un primer auto de medidas cautelarísimas para suspender sus efectos.

El 29 de enero dictó otro auto de medidas cautelares en el que mantenía la suspensión de la orden en Tembleque (Toledo), cuyo ayuntamiento fue el primero que recurrió y al que en fechas posteriores se fueron sumando los demás.

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso de reposición ante esa decisión, pero fue desestimado el 5 de marzo por el Tribunal Superior con cinco votos a favor y dos votos particulares.

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