Médicos del Mundo denuncia cientos de vulneraciones del derecho a la salud

La ONG, que inicia hoy una campaña contra la reforma sanitaria, ha presentado a la Defensora del Pueblo un informe con casos de afectados

La reforma sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que excluye a los sin papeles de la atención normalizada e incrementa el porcentaje de pago de los ciudadanos por los fármacos, ha cumplido un año. Desde entonces, la ONG Médicos del Mundo ha documentado 1.192 casos de vulneraciones del derecho a la salud. Sobre todo de extranjeros en situación irregular que no logran la atención de urgencias que, por ley, deberían tener; o de ciudadanos a los que se disuade de acudir a un centro sanitario mostrándoles un documento de compromiso de pago. Esta organización, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, alerta de que cada vez son más los colectivos que, por primera vez, llaman a su puerta en busca de ayuda. Como pensionistas asfixiados por el pago de los medicamentos (aunque con un tope mensual que varía en función de su renta, desde septiembre de 2012 se ven obligados a cubrir una parte de los fármacos que antes obtenían gratis), o familias con bajos ingresos o dependientes a su cargo.

“Cada vez son más las personas afectadas por la reforma sanitaria”, asegura Álvaro González, presidente de esta organización que hoy inicia la campaña Nadie desechado, con la que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad. González, que entregó la semana pasada su informe sobre las consecuencias de la reforma sanitaria a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, explica que Médicos del Mundo ha recibido la petición de ayuda de españoles con rentas bajas y jubilados “desesperados” porque con el aumento del copago “no son capaces de hacer frente al precio de los medicamentos que necesitan para su tratamiento”.

Un copago que desde el 1 de octubre se ampliará, además, a varios fármacos que se dispensan en las farmacias hospitalarias. “La reforma sanitaria es injusta, incoherente y peligrosa, además de ineficaz”, ha insistido González en la presentación de la campaña en Madrid. También otras organizaciones han alertado ya no solo de las consecuencias de la exclusión sanitaria de los inmigrantes, sino también de los riesgos del incremento de la participación del ciudadano en el precio de sus medicamentos. La Unión Democrática de Pensionistas sostiene que el 16% de este colectivo tiene problemas graves para completar sus tratamientos por el coste. Una cifra que coincide con la que estima la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública.

Desde que se incrementó el copago farmacéutico (antes los pensionistas no pagaban nada y los activos, que ahora afrontan hasta un 60% en función de su renta cubrían el 40% de los fármacos recetados) las autonomías han ahorrado unos 550 millones de euros, de los que una parte importantísima (384) proceden del pago de los pensionistas, según un estudio que Antares Consulting ha elaborado para el Grupo Cofares en el que analiza los datos del Ministerio de Sanidad. Y es que solo 500.000 de los más de nueve millones de pensionistas que hay en España quedan exentos de esta medida porque cobran pensiones no contributivas. La mayoría debe pagar el 10% de las medicinas con un tope mensual que oscila entre los algo más de 8 euros y los 60.

“Los copagos en fármacos pueden tener unas consecuencias muy negativas para la salud, además”, ha recalcado la investigadora Helena Legido-Quigley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que ha explicado que un estudio en el que ha participado, y que se ha publicado en la revista PLOS Medicine, muestra que por cada dólar de más se deja 1 día de tratamiento. Algo que dificulta el control de las enfermedades.

Legido-Quigley ha apuntado que la reforma sanitaria y los recortes que se están produciendo en España en este campo no están basados en la evidencia, y ha alertado de que España va por el camino de Grecia, donde tras el hachazo a los presupuestos y el cierre de centros se han disparado patologías como la tuberculosis. La investigadora, sin embargo, cree que las Administraciones todavía tienen capacidad de revertir la situación.