La universidad pública se desangra

La universidad pública se desangra

La insuficiencia financiera ahoga a los campus españoles. Pierden fondos y docentes mientras los alumnos se quedan sin becas para pagar unas tasas abusivas. La iniciativa privada aparece como la tabla de salvación, pero su entrada en las universidades públicas abre la puerta a un cambio de modelo que puede pervertir su función social.

Texto: Elena Larrondo.

Menos becas, menos estudiantes, más enseñanza elitista

Así, ministro Wert, se destroza y se desmantela la educación pública. Así, ministro Wert, se consigue una educación elitista, para los ricos. Así, ministro Wert, se priva a una sociedad de su pilar fundamental: la educación. Así, ministro Wert, se miente.

Educación reconoce que hay 8.000 becarios menos y el descenso en el número de universitarios

La cifra de alumnos se redujo un 0,8% en el curso 2012-2013. El secretario general de Universidades, Federico Morán, lo atribuye al descenso de población y no a los recortes de Wert

Un error de Educación deja sin beca a decenas de alumnos de varios másteres

  • Los estudiantes pertenecen a siete posgrados distintos de la Universidad de Valladolid
  • Todas las denegaciones comparten el mismo motivo, que no responde a la situación de ningún afectado: “Poseer título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que se solicita la beca”
  • La universidad ha acordado esperar a la resolución de las alegaciones para reclamar a estos estudiantes el pago de la matrícula

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Un millón de firmas contra la reforma educativa de Wert

Un millón de firmas contra la reforma educativa de Wert

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública entrega en La Moncloa el resultado de la consulta ciudadana que puso en marcha el pasado 23 de septiembre

Madrid 17/10/2013

Representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han llevado este jueves a la Presidencia del Gobierno, en La Moncloa, un millón de firmas que han conseguido desde el pasado 23 de septiembre en la consulta ciudadana sobre la reforma educativa y los “recortes” en esta materia.

La consulta está abierta hasta el próximo día 27 y con ella, según ha declarado el secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa ), Jesús Sánchez, quieren pedir al presidente Mariano Rajoy “la paralización de los recortes en la educación y la reforma educativa”.

Entre los políticos que han apoyado la consulta se encuentra el secretario general del PSOE,Alfredo Pérez Rubalcaba, que el pasado día 8 firmó contra los recortes educativos en una mesa situada en la Universidad Complutense de Madrid, tal y como informó él mismo en su perfil de Facebook.

La intención de los representantes de la plataforma, integrada por asociaciones de padres, sindicatos de enseñanza y alumnos, era reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque finalmente no han podido hacerlo y se han limitado a entregar en el registro de Presidencia del Gobierno una carta a Rajoy donde le comunican el resultado de la consulta y le piden que cesen los recortes educativos, la retirada “inmediata” el proyecto normativo y el cese de los responsables educativos.

En la misiva, esta organización denuncia el “intento de boicot” por parte de algunos representantes políticos a la consulta porque, según indican “tienen miedo a la democracia”. Por ello, para “contrarrestar” estas “medidas represivas”, la Plataforma ha ampliado el plazo de recogida de firmas hasta el 27 de octubre. “Nos han dicho que no hay nadie para recibirnos y han salido dos funcionarias para sellar la carta, que nos ha quedado registrada”, ha explicado el presidente de Ceapa, que ha lamentado que no les haya atendido “ningún” representante del Gobierno para poder darle “en mano” el documento. “Creo que esto demuestra la poca consideración que [el Gobierno] tiene hacia este movimiento”, ha apostillado.

Asimismo, este portavoz ha vuelto pedir públicamente la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, al que ha acusado de “intolerante” por no querer reunirse con la Plataforma, y ha afirmado que parece que a Wert “no le preocupan” las huelgas educativas convocadas para la semana que viene.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha acusado al Ejecutivo de “autoritario” y “antidemocrático” por darles este jueves “con la puerta en las narices”. “Nos da igual porque vamos a volver a hacer huelga los estudiantes los días 22, 23 y 24”, ha aseverado García, que también ha avisado de que si no dimite el ministro, este colectivo volverá a salir a la calle para pedirlo.

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La fórmula Wert: exterminate, annihilate, destroy

Programa de La Sexta “La Sexta Columna” y explicación más que clara y evidente de lo que puede suponer la implantación en el sistema educativo español de la Ley Wert aprobada en el Congreso con la mayoría absoluta del PP y con el rechazo de toda la oposición.

La Fórmula Wert: españolización, evaluación constante y masificación en las aulas

Un total de 6.500 millones de euros recortados en Educación en menos de tres años. Eliminación de becas, bajada de sueldos y decenas de miles de despidos de profesores sumados a las subidas de tasas confrontan con un rendimiento escolar por debajo de Polonia, Portugal o Grecia. Tras cinco modelos educativos diferentes en la democracia, el Gobierno impone con su mayoría absoluta una nueva ley.

Solos, otra vez solos aprobando leyes que afectan a toda la población.

Desde la página del colectivo que forma “Soy pública” (http://soypublica.wordpress.com/) se presenta un documento de análisis de la Ley Wert y su demoledor impacto en el sistema educativo español. Se puede descargar de aquí: Análisis_de_la_LOMCE_soy_pública.

Aprobada-LOMCE_EDICRT20131010_0001_3

Huelga general en educación: 24 de octubre

Contra la Ley Wert (que se acaba de aprobar en el Congreso con la mayoría absoluta del PP), contra los recortes en la educación pública, contra la escandalosa subida de tasas en la universidad, contra el deterioro consciente por parte del gobierno del PP de la enseñanza pública , contra el ataque al profesorado público universitario y no universitario, contra la privatización de la enseñanza pública…

Huelga general de todos los colectivos educativos en la enseñanza pública:

24 de octubre de 2013

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Consulta ciudadana por la Educación

Del 23S al 13O: Consulta Ciudadana por la Educación. Tu opinión importa. ¡Participa!

El 23 de septiembre comienza la Consulta Ciudadana por la Educación.
  • el 23S, a las 17:00h, habrá una mesa en Sol (del 24S al 13O estará todos los días mañana y tarde).
  • las comunidades educativas, plataformas y colectivos de cada zona se están reuniendo para preparar mesas en las distintas zonas de la Comunidad.

Puedes responder a las preguntas de la consulta en:

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Paradise Lost: Worth fighting for it

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Sergio Peris-Mencheta y el ministro Wert

Lo que se consigue cuando un ministro de Educación como Wert está empeñado en acabar con la enseñanza pública en este país destrozando el futuro académico de muchos estudiantes universitarios y de la educación secundaria …

La educación pública NO es un negocio; es un derecho.

Sergio Peris-Mencheta recibe el premio Ceres 2013 a mejor director. El artista aprovecha su discurso para enviar un mensaje al Ministro de Educación y Cutural, José Ignacio Wert.

La universidad inconstitucional de los expertos

Al gusto de los mercados, al gusto de la derecha española y de su injerencia en los ámbitos públicos de la educación: controlar la universidad pública y poder privatizar las universidades públicas a su antojo. Un ataque más del Gobierno de este país a la educación pública universitaria.

La universidad inconstitucional de los expertos

Sebastián Martín
Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla

La pasada semana, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunió con dirigentes autonómicos para debatir las propuestas de reforma del sistema universitario español formuladas por una “Comisión de Expertos” nombrada al efecto. En el encuentro se decidió que, antes de seguir debatiendo tales propuestas, conviene cerciorarse de su constitucionalidad, pues, a tenor del voto particular planteado por los juristas de la citada comisión, Óscar Alzaga y Mariola Urrea, existen razones fundadas para dudar de ella.

Con todo, no cabe desechar de plano el dictamen de los expertos. En sus más de ochenta páginas abundan las consideraciones atendibles y la propuestas beneficiosas para la universidad española. Se parte en él de la premisa fundamental, preterida por el Gobierno, de que los fondos dedicados a la enseñanza superior y a la investigación “constituyen una inversión más que un gasto”. Y se tiene además presente una constatación decisiva: tanto en financiación pública de la educación superior como, más concretamente, en becas y ayudas al estudio, España se encuentra por debajo de los países de la OCDE, desfase a todas luces injustificable.

El dictamen contiene además una apuesta firme por colocar la investigación de calidad en el centro de la reforma. Considera necesaria la captación y promoción de los “jóvenes brillantes” con vocación académica, prefiere la valoración cualitativa, en vez de cuantitativa, de los resultados investigadores y aboga por una mejor retribución de los tramos de investigación. Denuncia asimismo la creciente burocratización de la universidad española y condena la constante dedicación del personal docente e investigador (PDI) a tareas administrativas.

El valor de algunas de sus propuestas no permite, sin embargo, suscribir los aspectos básicos de la reforma planteada ni el modelo global de universidad en que se inspira.

Como pone de manifiesto la adenda de los juristas, el sistema de gobierno propuesto atenta gravemente contra el derecho fundamental a la autonomía universitaria. Ahora bien, acaso no lo haga tanto por la relevancia concedida a las Comunidades Autónomas como por su nítida tendencia privatizadora.

El dictamen recomienda la creación de un “Consejo de la Universidad”, organismo presidido por una persona extrauniversitaria y encargado de la elección del rector. El Consejo se compondría, como máximo, de 25 individuos, el 50% de los cuales habría de ser elegido por el Claustro, incluyendo a un estudiante y a un miembro del personal de administración y servicios (PAS), otro 25% por la Comunidad Autónoma y el 25% restante por los grupos (claustral y autonómico) previamente constituidos.

De este modo, hasta el 50% del Consejo podría estar conformado por miembros externos a la propia universidad. Cierto es que la necesidad de garantizar una “mayoría de académicos” obligaría a elegir, en los dos cupos del 25%, a un número determinado de profesores, propios o extraños a la universidad en cuestión, que, añadidos a los elegidos por el Claustro, sumasen más de la mitad de los votos. Aun así, la presencia irrisoria de estudiantes y PAS y la muy ajustada del profesorado propio inclinan a pensar que el principal órgano de gobierno carecería de representatividad suficiente, algo que afectaría a la democracia interna de la corporación universitaria, pero también a la eficiencia de su gobernación.

El 50% no elegido por el Claustro estaría formado en todo caso por “personas de elevado prestigio”. En lugar de un órgano representativo, los expertos proponen, pues, un colegio basado en el mérito y la excelencia de sus componentes. ¿Garantiza eso su independencia y buen hacer? Los juristas de la comisión han señalado, no sin razón, el “serio riesgo” de que el cupo autonómico se traduzca en control ideológico y en el partidismo de la universidad. Junto a este evidente peligro, otro riesgo no menor para la autonomía universitaria se encuentra en la incompatibilidad entre la pertenencia al Consejo y la ocupación de un cargo público “dentro de los cuatro años anteriores”. Diríase que no interesa tanto el “prestigio” objetivo de los miembros no electos por el Claustro cuanto su procedencia del ámbito privado.

De instaurarse semejante Consejo, se abrirían definitivamente las puertas del gobierno universitario al sector empresarial. Podría ocupar buena parte de la representación y formar mayorías con facilidad. Por eso sorprende la ingenuidad –o la mala fe– de los expertos cuando afirman que, mantenida la “mayoría académica”, se garantiza la “autonomía universitaria”, como si los profesores estuviesen abocados a decidir siempre en bloque y como si los numerosos miembros del ámbito privado, aun siendo minoritarios, no pudiesen decantar mayorías estables.

Con lenguaje emotivo y falaz, los expertos describen su propuesta como una saludable incorporación de “la sociedad civil al gobierno de las universidades”. Se ve que para ellos no ha pasado el tiempo desde que los liberales decimonónicos identificaran la “sociedad” con “el tercer estado”. En un régimen democrático e igualitario, como supuestamente es el español, reducir “la sociedad civil” a un conjunto de profesionales prestigiosos del ámbito privado o académico resulta a todas luces inaceptable. ¿No pertenecen acaso a esa misma sociedad civil, quizá hasta con mejores títulos, los miembros destacados de movimientos sociales y ciudadanos?

Por lo demás, el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 26/1987, justamente invocada por los juristas disidentes, ya consideró contraria a la autonomía universitaria esa injerencia de los poderes económico-privados disfrazada de “participación de los intereses sociales” en el gobierno de la universidad.

El dictamen empeora cuando trata la figura del rector. Recuérdese que lo elegía este “Consejo de la Universidad” privatizado y mediatizado por los partidos, y lo podría hacer seleccionando a un académico “externo a la universidad”, es decir, ajeno a la institución que habría de gobernar. Entre sus potestades figuraría la de contratar directamente, sin proceso previo de selección nacional, a catedráticos y titulares en régimen laboral. Con semejante prerrogativa se pretende facilitar la “captación del talento”, incluido el internacional. Sin embargo, en el presente escenario de carestía, dada la composición del Consejo y conocido el contexto sociopolítico español, en lugar de garantizarse la “excelencia” del profesorado universitario, con esta vía de contratación solo se allanaría el terreno a la colocación discrecional de clientelas, tanto del partido en el gobierno autonómico como de las corporaciones privadas con presencia en el Consejo.

Pero esto no es lo más grave. Según vuelve a poner de relieve el voto de Alzaga y Urrea, el tránsito hacia la “desfuncionarización” que estos puestos laborales facilitan supondría un grave quebranto a la libertad de cátedra, garantizada por la inamovilidad que lleva aparejada la condición de funcionario. En un país de propensión tan banderiza como España, colocar la contratación del personal docente en manos del rector, concediéndole solo un estatuto laboral, crearía las condiciones institucionales perfectas para contar con un profesorado políticamente cautivo.

En un acto de fundamentalismo ideológico, los expertos seguramente considerarán que la estabilidad en el empleo desincentiva la producción científica y la competitividad. Descuidan con ello que la labor investigadora necesita de la permanencia a largo plazo y culpablemente olvidan, acaso empezando por ellos mismos, la multitud de catedráticos con admirable producción y los casos, no menos numerosos, de profesorado laboral que no logra despegar académicamente pese a la presión de las circunstancias. Pero, sobre todo, desprecian lo más crucial: que la inamovilidad del empleado público es una garantía frente al poder, es decir, una condición de libertad e independencia, necesaria para un goce pleno de la libertad de pensamiento en el ámbito académico.

El dictamen, con todo, sigue conservando la figura de catedráticos y titulares funcionarios. Basándose en un falso problema (la creciente bolsa de acreditados sin plaza), lo hace proponiendo una “acreditación pública nacional”, que no es más que un regreso enmascarado al costoso, ineficiente y poco equitativo sistema de habilitaciones desechado hace años. Señalan los expertos que su primer propósito al proponer reformas como esta ha sido “prevenir la endogamia”. Sin embargo, el sistema de “acreditación nacional” propuesto, lejos de prevenirla, la refuerza, pero a escala estatal y a nivel de las escuelas nacionales hegemónicas, con mayor probabilidad de contar con mayorías en las “comisiones de selección”.

Si todavía rigen los principios constitucionales del sistema político español, la Abogacía del Estado deberá considerar inadmisibles tanto el régimen de gobierno universitario propuesto como la figura de catedráticos y titulares laborales. Pero lo que riñe con los fundamentos de un Estado social y democrático va más allá. Se trata del modelo global de universidad que subyace al dictamen, impregnado de neodarwinismo, mercantilizado hasta las entrañas y fundado por entero en el principio elitista y autoritario de la jerarquía.

 

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Prolongar la agonía

Prolongar la agonía

CUPUMA (Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid) INFORMA:

1.-El sábado 9 de marzo se completó – a plena satisfacción para sus diseñadores – la primera parte del proyecto de la Comunidad de Madrid para las Universidades Públicas. Tan claro era el entusiasmo que la Consejera de Educación de la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) se apresuró a manifestar su incondicional apoyo al despido de 301 trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid y a la bajada del 50 % del complemento autonómico de los PDI.

2.-Como ya anunció CUPUMA, esto solo supone el primer paso, al que seguirán planteamientos similares en el resto de las Universidades Públicas, que se traducirán e incluirán despidos, bajadas de sueldos y subidas de tasas.

3.-El desarrollo de los hechos ha dejado al descubierto el verdadero papel que los Rectores de la CRUMA han jugado en toda esta historia. Se comprometieron a que no habría despidos. Ya los hay. Y no tardarán en seguir más. Aunque algunos tratan de escudarse en que no hay otra opción que elegir entre despidos y bajadas de sueldos, lo cierto es que todos se han convertido ya claramente en los ejecutores de aquella comunidad a la que aseguraban que era el origen de todos sus males. Quizá el hecho más que probable de que ya nunca más habrá rectores elegidos democráticamente, ha servido para que se quitaran la careta y compitieran en méritos para ser elegidos-de forma no democrática – en el futuro por la CAM en pago de los servicios prestados en tan delicados momentos.

4.-Cuando los afectados han empezado a ejercer legalmente su derecho a protestar, la respuesta ha sido retornar a la época franquista. La Universidad ocupada por la Policía, contrataciones millonarias de seguridad privada mientras se imponen recortes por todos los lados para la educación. El disentir o discrepar de los deseos del PP y de la CAM constituye para ellos un grave peligro de orden público.

5.-El informe de los expertos designados por Wert, además de preconizar el fin de las elecciones democráticas en la Universidad, ha puesto de manifiesto, la posibilidad de que los planteamientos del Ministro y sus acólitos puedan resultar inconstitucionales. Esta posibilidad está siendo contemplada, incluso por el propio PP. CUPUMA siempre mantuvo que colisionaba con la autonomía universitaria y que los Rectores tenían que haber utilizado el argumento de la inconstitucional para defender la autonomía universitaria. Lo que nuestros Rectores fueron incapaces de plantear, lo han hecho dos de los expertos “nombrados a dedo” por Wert.

La primera ficha, la UPM, ya ha caído. Ninguna del resto de las Universidades Públicas podrá salir indemne de este brutal proceso de privatización. El resto de fichas del domino irán cayendo paulatinamente, si no somos capaces de llegar a un acuerdo entre todos los estamentos de la comunidad universitaria. Entre todos, tenemos que parar un proceso que solo puede conducir a la desaparición de la Universidad Pública.

INFORMACIÓN SOBRE LA UPM Y VÍDEOS DE LAS MOVILIZACIONES EN WWW.CUPUMA.ORG

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Cómo desmantelar la universidad pública en catorce pasos

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Mientras se siga recortando en la eduación universitaria y no se dote a la Universidad de fondos, los profesores “que queden(emos)” tendrán que trabajar más porque tendrán que afrontar más clases con más estudiantes y podrán investigar menos porque no habrá fondos. Eso es lo que pretende el ministro de Educación Wert: asfixiar la Universidad pública española para que no funcione, para que se pueda intervenir y privatizar y se pueda crear una enseñanza elitista solo para los que tengan dinero para pagarse una educación universitaria.

El problema para el profesorado universitario NO es el número de horas que hay que trabajar (nosotros siempre tenemos trabajo en casa, fuera de las horas oficiales lectivas en la facultad). A eso estamos acostumbrados: siempre trabajamos en la facultad fuera y dentro de las aulas, siempre tenemos que trabajar desde casa, en las plataformas virtuales con créditos no presenciales, con atención a los estudiantes a través de los campus virtuales, del correo electrónico, con trabajos de gestión en los departamentos (coordinación de grados, de másteres, de comisiones de trabajo), con proyectos y grupos de investigación, etc.

El problema radica en las condiciones en las que estamos trabajando: recortes en los presupuestos, bajada de sueldos, recortes en las partidas para investigación, recortes en el profesorado disponible en los departamentos, aumento intolerable de las matrículas universitarias… recortes en todos los sentidos. Mientras no se invierta en la Universidad, el problema de la educación seguirá existiendo. Y si los recortes en todos los ámbitos continúan, se cargarán la educación pública universitaria. Está claro que esa es la estrategia del PP y del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

HAY QUE SEGUIR LUCHANDO POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA Y GRATUITA.

Cómo desmantelar la universidad pública en catorce pasos

  • Este sábado unos 600 profesores de las seis universidades públicas de Madrid, UNED y CSIC impartirán clases al aire libre para protestar contra los recortes en investigación, la subida de tasas y la privatización

Cómo desmantelar la universidad pública en catorce pasos. De esta forma titula la coordinadora “La Uni en la calle”, formada por cientos de profesores de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, el informe “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” encargado a una comisión de expertos por el Ministerio de Educación.

“La Uni en la calle”, que saldrá este sábado 9 de marzo a la calle para impartir clases y reivindicar así “su labor como docentes e investigadores y para protestar contra los recortes en investigación, la subida de tasas y la privatización de la Universidad Pública”, ha resumido el informe ordenado por el ministro José Ignacio Wert en catorce “objetivos indeseables”:

1 – El informe plantea un modelo privado de gestión universitaria olvidando que la Universidad ha de prestar un servicio público y que debe funcionar como un agente de cambio social.

2 – El informe diseña una contrarreforma institucional que favorece un régimen presidencialista, piramidal y externalizado, ajeno a cualquier procedimiento de control democrático.

3 – El informe facilita la politización del proyecto universitario y su manipulación en favor de intereses partidistas y mercantiles.

4 – El informe olvida que la injerencia externa en el sistema de gobierno de la Universidad lesiona gravemente derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía universitaria, el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica.

5 – El informe prioriza el criterio de obtención de beneficios económicos en la gestión universitaria, así como el endeudamiento de los estudiantes y el negocio de la Banca en la Universidad.

6 – El informe responde a una mentalidad tecnocrática y empresarial que estimula la competencia entre universidades y que hace depender el apoyo del Estado de la financiación del mercado.

7 – El informe infravalora la labor docente e identifica la excelencia con la lógica de la rentabilidad y la empleabilidad.

8 – El informe distingue entre docentes e investigadores, jerarquiza al profesorado y perjudica a los estudiantes.

9 – El informe pretende luchar contra la endogamia universitaria recurriendo a un sistema privatizada de contratación, con profesores elegidos a dedo y trabajando en precario.

10 – El informe favorece el clientelismo y la mediocridad, así como la impunidad en el ejercicio del poder dentro de la Universidad.

11 – El informe dinamita equipos y grupos de investigación para favorecer una más que improbable carrera académica en solitario.

12 – El informe hace coincidir el número de habilidades con el de plazas por lo que, en un contexto de contracción como el actual se desincentiva el esfuerzo formativo, investigador y docente del profesorado.

13 – El informe no presta atención al PAS ni al alumnado cuya responsabilidad es prácticamente anecdótica. Una muestra más del tufo antidemocrático y verticulista del informe.

14 – El informe presenta un modelo de Universidad inviable, desconectado de nuestro contexto cultural, social y educativo, y problemático desde el punto de vista constitucional.

La Uni en la calle

Este sábado saldrán a la calle a impartir sus clases cerca de 600 profesores de las seis universidades públicas madrileñas, UNED y CSIC, acompañados de miles de alumnos y Personal Administrativo y de Servicios, en una “impresionante demostración de unidad, fuerza, capacidad de organización y de diálogo con la sociedad” y cuyo objetivo es “no solo concienciar a la opinión pública sobre el valor de la Universidad Pública, sino interpelar, en una decididad reivindicación política, directamente a las autoridades políticas y académicas para que terminen ya de una vez con las políticas que están destruyendo la Universidad y la Investigación públicas españolas”.

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